La solicitud realizada por el empresario y comunicador Santiago Matías, conocido como Alofoke, para organizar una marcha patriótica en El Hoyo de Friusa, Punta Cana, ha generado un intenso debate en la opinión pública. Ante esta situación, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreció declaraciones clave sobre el procedimiento que regula este tipo de peticiones. Sus palabras reafirman el compromiso institucional con el orden público y la equidad en el tratamiento ciudadano.

Proceso legal y postura institucional:
Desde Santo Domingo, en el marco de una reunión nacional sobre seguridad ciudadana encabezada por el presidente Luis Abinader, la ministra Raful explicó el procedimiento establecido para las solicitudes de manifestaciones públicas:

• Plazo de evaluación: El Ministerio de Interior y Policía tiene hasta tres días para evaluar cualquier solicitud de manifestación que requiera una no objeción.
• Trato equitativo: Según la ministra, no existe un trato preferencial ni discriminatorio hacia ningún ciudadano, independientemente de su popularidad o influencia pública.
• Ausencia de solicitud formal: Raful aclaró que hasta el momento no ha recibido formalmente la solicitud de Matías, ya que se encontraba cumpliendo con compromisos oficiales al momento en que surgió la propuesta.

Repercusiones y debate nacional:
La propuesta de marcha en El Hoyo de Friusa ha provocado una respuesta dividida entre sectores sociales y mediáticos, debido al contenido nacionalista del evento y su elección geográfica. Esta comunidad, ubicada en Punta Cana, es reconocida por su diversidad cultural y por la presencia de una numerosa población migrante, lo cual añade complejidad al análisis del impacto que tendría la manifestación en la zona.

Consideraciones del Ministerio:
Ahora, el Ministerio de Interior y Policía deberá evaluar la solicitud, una vez presentada formalmente, teniendo en cuenta:

• La seguridad ciudadana en la zona.
• El respeto al orden público y los derechos fundamentales de todos los residentes.
• La viabilidad logística y social del evento.

Las declaraciones de Faride Raful subrayan la importancia de seguir el debido proceso ante cualquier manifestación ciudadana. Más allá del contenido patriótico de la marcha propuesta por Santiago Matías, la decisión final dependerá de una evaluación objetiva basada en criterios legales y de seguridad. Este episodio pone de relieve el equilibrio necesario entre la libertad de expresión y el mantenimiento del orden público en una sociedad democrática.

Faride Raful clarifies protocol regarding Santiago Matías’ request for patriotic march in friusa

The request made by entrepreneur and media figure Santiago Matías, known as Alofoke, to organize a patriotic march in El Hoyo de Friusa, Punta Cana, has sparked intense public debate. In response, Minister of Interior and Police Faride Raful provided key statements outlining the official procedure governing such requests. Her remarks reaffirm the government’s commitment to public order and equal treatment of all citizens.

Legal Process and Institutional Position:
Speaking from Santo Domingo during a national meeting on citizen security led by President Luis Abinader, Minister Raful explained the established protocol for public demonstration requests:

• Evaluation period: The Ministry of Interior and Police is granted up to three days to assess any request for public demonstrations requiring a non-objection notice.
• Equal treatment: According to Raful, there is no preferential or discriminatory treatment toward any citizen, regardless of their popularity or public influence.
• No formal request yet: The minister clarified that she has not yet received a formal request from Matías, as she was attending official commitments at the time the proposal arose.

Public Response and National Debate:
The proposed march in El Hoyo de Friusa has elicited divided opinions among social and media sectors, due to the event’s nationalistic tone and its chosen location. The community of Friusa in Punta Cana is known for its cultural diversity and large migrant population, making the potential impact of such a demonstration particularly sensitive and complex.

Ministry’s Considerations:
Once the formal request is submitted, the Ministry of Interior and Police will evaluate it based on:

• Citizen security in the area.
• Respect for public order and the fundamental rights of all residents.
• Social and logistical feasibility of the event.

Faride Raful’s statements highlight the importance of adhering to due process for any citizen demonstration. Beyond the patriotic message of the proposed march by Santiago Matías, the final decision will rest on an objective evaluation grounded in legal and security criteria. This case underscores the delicate balance between freedom of expression and the preservation of public order in a democratic society.